El 11 de abril de 2026, Ismail Omar Guelleh fue electo presidente de Yibuti, un país de poco más de 23,000 km² que, pese a su reducida extensión territorial, concentra en su territorio bases militares de Estados Unidos, China, Francia, Japón e Italia. A ello se suman los proyectos de países de la Península Arábiga, como Arabia Saudí, que buscan instalar nuevas infraestructuras militares, atraídos por la densidad geoestratégica de este enclave africano. Yibuti se sitúa al oeste del estrecho de Bab al-Mandeb, una angosta franja marítima que enlaza el Golfo de Adén con el Mar Rojo y que constituye uno de los corredores más sensibles para el comercio mundial. En la orilla opuesta se encuentra Yemen, donde Ansar Allah —popularmente conocidos como hutíes— han confrontado las políticas imperiales y genocidas de países como Israel y Estados Unidos.

En este marco, la elección de Guelleh no resulta sorprendente, aunque en cualquier otro contexto suscitaría mayores cuestionamientos. Guelleh llegó al poder en 1999 y, con las elecciones de 2026, consolida su quinta reelección, inaugurando así un sexto mandato. A sus 78 años, enfrentó a un solo rival y obtuvo más del 97% de los votos, cifra que contrasta con las críticas internas hacia su proyecto de corte autoritario. No obstante, su permanencia se sostiene en el respaldo de Occidente, que privilegia la estabilidad que garantiza para sus intereses.

De este modo, mientras algunos gobiernos autoritarios prolongan su permanencia en el poder sin mayores sanciones porque se subordinan a los deseos imperiales, otros son severamente cuestionados porque obstaculizan sus beneficios, como ha ocurrido en el caso de Malí. En mayo de 2021, Assimi Goïta llegó al poder en Malí mediante un golpe de Estado, justificado por la inseguridad crónica y el despojo neocolonial. Desde enero de 2013, Francia había intervenido militarmente en Malí bajo el pretexto de combatir el terrorismo; sin embargo, ocho años después, la violencia, las injusticias y las desigualdades no solo persistían, sino que se habían intensificado. En ese contexto, el discurso de Goïta se erigió como un rechazo directo a los intereses imperiales franceses, exigiendo la retirada de sus fuerzas armadas.

La salida de Francia, sin embargo, no prometía una transformación inmediata. La violencia, profundamente enraizada, y las desigualdades históricas habían fragmentado a la sociedad. Frente a este escenario, la alianza con fuerzas rusas fue concebida como una estrategia viable, en parte inspirada en la experiencia de la República Centroafricana, donde se había logrado una reducción considerable de la violencia criminal. No obstante, la realidad maliense evidenció sus propias complejidades.

El golpe de Estado en Malí se inscribió en una serie de movimientos similares que, en conjunto, pusieron en tensión los intereses franceses en la región. En particular, los proyectos políticos de Burkina Faso y Níger, articulados con el de Malí, incidieron directamente en el repliegue del despliegue militar francés y estadounidense, al tiempo que interrumpieron los circuitos extractivos de recursos estratégicos como el uranio en Níger, el oro en Burkina Faso y el litio en Malí.

En Malí, la lucha contra los grupos terroristas se ha articulado con la persistente búsqueda de la antigua metrópoli por mantener su influencia, en tensión con los vínculos que el gobierno de Goïta ha establecido con Rusia, lo cual también dialoga con los intereses estadounidenses. Por ello, los acontecimientos de finales de abril no deben interpretarse como una expresión de una supuesta violencia “natural” de las sociedades africanas, sino como el resultado de relaciones históricas de dependencia y de intereses externos que encuentran en las economías de guerra un terreno fértil para su reproducción.

El 25 de abril, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) y el Frente de Liberación de Azawad (FLA) lanzaron ataques coordinados en ciudades como Bamako, Kidal, Kati, Mopti y Sévaré. En estos ataques murió Sadio Camara, entonces ministro de Defensa y aliado estratégico de Rusia. Este episodio invita a problematizar, al menos, dos procesos fundamentales. En primer lugar, la posible asociación entre grupos terroristas como el JNIM y fuerzas separatistas como el FLA con Francia. Desde antes de los ataques, Goïta había acusado a Francia de respaldar a estos actores; y aunque los rebeldes tuareg han mantenido históricamente una lucha contra el poder colonial francés, las alianzas, en contextos de disputa geopolítica, son profundamente cambiantes. En segundo lugar, la articulación entre el JNIM y el FLA plantea interrogantes sobre la naturaleza de estas convergencias: si bien la vinculación de un movimiento separatista con un grupo afiliado a Al Qaeda —que ha incrementado la letalidad de los ataques en la región— resulta problemática, también evidencia que la violencia estructural y el despojo continuo contra las poblaciones tuareg y arabizadas del norte no pueden resolverse únicamente mediante un relevo en la competencia hegemónica, sino que exigen cuestionar las lógicas mismas de su reproducción.