Es necesario profundizar en el debate en torno a la soberanía nacional en Brasil. ¿Nos referimos a una soberanía formal, vinculada al burocratismo del derecho internacional, en donde los Estados son, en la letra muerta, soberanos? ¿Partimos desde la tradición de la teoría latinoamericana de la dependencia, del reconocimiento de las desigualdades vigentes en el sistema internacional, identificando la soberanía como un elemento de distribución también desigual? ¿Abordamos la soberanía popular, cuyo énfasis estaría puesto en la “superación de la vulnerabilidad estructural y de las presiones y amenazas en el campo económico, financiero, tecnológico, ideológico, político y militar”? (Penido y Carolino, 2020) ¿O hablamos acaso de una soberanía preocupada esencialmente en la defensa de los habitantes de las periferias de este país, militarmente periférico frente a la pugna de los gigantes globales?
Así como la soberanía exige de mayores precisiones para comprender su contenido, también la defensa y sus instrumentos exigen que se especifiquen ciertos aspectos. ¿De qué o de quién nos defendemos? ¿Qué quieren quitarnos y qué aspiramos a defender? ¿Cómo podemos defendernos y quién debe asumir esta tarea? Esas preguntas, formuladas con el Instituto Tricontinental de Investigación Social (2022), son el punto de partida de un debate honesto sobre qué política de defensa nacional buscamos implementar. La definición de esas respuestas debe preceder a la elección de los instrumentos operacionales, como los sistemas de armas y las municiones, así como a la determinación de los costos necesarios para hacerlos viables. En desde este abordaje que partimos para discutir los gastos militares en Brasil.
En noviembre de 2025 fue sancionada la ley que destinaba 30 mil millones de reales brasileños a los proyectos estratégicos de defensa por un periodo de seis años, a partir de 2026. El texto, originado en un proyecto de ley del senador Carlos Portinho (senador del Partido Liberal por Río de Janeiro), preveía una inversión de 5 mil millones de reales brasileños, al margen del límite de gasto presupuestario (Presidencia de la República de Brasil, 2025). Su aprobación atendía, no casualmente, a la solicitud de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas de contar con mayores recursos asignados a sus proyectos estratégicos, considerados esenciales para la defensa nacional.
Así como la soberanía exige de mayores precisiones para comprender su contenido, también la defensa y sus instrumentos exigen que se especifiquen ciertos aspectos. ¿De qué o de quién nos defendemos? ¿Qué quieren quitarnos y qué aspiramos a defender? ¿Cómo podemos defendernos y quién debe asumir esta tarea?
Ya en enero de 2026 José Múcio Monteiro, Ministro de Defensa del tercer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, afirmaba que, frente a una eventual invasión de Brasil por los Estados Unidos de América, tendríamos que “abrir la tranquera”. El ministro aludía a la falta de capacidad defensiva y de recursos de las fuerzas armadas brasileñas frente a una potencial agresión (Estadão Conteúdo, 2026). La declaración ocurrió a raíz de la invasión directa de Estados Unidos en Venezuela, con el bombardeo del país sudamericano y el secuestro de Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores. El episodio encendió las alertas en la izquierda en general, en el gobierno en particular, y fortaleció las reivindicaciones militares por la ampliación presupuestaria y por garantías de previsibilidad.
No existe un consenso entre el gobierno, la sociedad y los militares, si nos limitamos aquí a la triada clausewitziana, acerca de quién quiere entrar por la tranquera y qué pretende llevarse del interior, retomando la expresión del Ministro. La discusión se centra en ampliar el tamaño de la tranquera, sin siquiera considerar la posibilidad de construir, por qué no, una rejilla guardaganados.
En el proyecto de ley de presupuesto presentado por el Gobierno Federal para el ejercicio fiscal de 2027 se destinaron 147.680 millones de reales al Ministerio de Defensa (Ministerio de Planificación y Presupuesto de Brasil, 2026), situando a esta cartera entre las seis con mayor presupuesto de toda la administración federal. A modo de comparación, en 2025 el presupuesto de esta cartera fue de 132.000 millones de reales, de los cuales 112.000 millones se destinaron a gastos de personal (Ministerio de Defensa de Brasil).
Por si fuera poco, la Ley Complementaria 235 de 2026 (Presidencia de la República de Brasil, 2026), incluyó en su texto un jabuti [una disposición ajena a la materia principal]. Con el fin de establecer reglas para las renuncias de ingresos a fin de mitigar los impactos económicos causados por la crisis en el mercado internacional de energía derivada de la guerra contra Irán; así como para excepcionalizar los beneficios tributarios destinados a la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos, al Programa de Desarrollo de la Industria de Fertilizantes y a la realización de la Copa Mundial Femenina, la Ley Complementaria contenía una disposición que, en la práctica, garantizaba holgura fiscal para los proyectos estratégicos de defensa.
Ésta modificó la redacción de la Ley Complementaria 221 de 2025 (Presidencia de la República de Brasil, 2025), relativa a los proyectos estratégicos, garantizando para el ejercicio de 2026 que no se contabilizara para la meta de resultado primario definida en la Ley de Directrices Presupuestarias vigente, ni para los límites de gasto del marco fiscal aprobado en 2023, un monto equivalente a hasta el 50% del límite definido en la Ley Complementaria 221 de 2025 relativo a los gastos con proyectos estratégicos. En la práctica, este valor adicional podría alcanzar hasta los 2.500 millones de reales brasileños.
Los tres episodios citados arriba dan la tónica de un fenómeno que es muy anterior al tercer gobierno de Lula y que no reconoce matices ideológicos. El apetito presupuestario de nuestras fuerzas armadas solo encuentra equivalencia en la negativa de los uniformados a replantear, bajo control civil y amplia participación social, el modelo de fuerza que continuamos teniendo en el país.
Lo que perpetuamos es un patrón viciado, en donde los recursos parecen ser siempre insuficientes frente al más básico ejercicio de formulación estratégica. Al fin y al cabo, para garantizar los medios es necesario conocer los fines y, en Brasil, los fines siempre fueron definidos individualmente por cada una de las fuerzas, en un régimen autárquico que refuerza su autonomía y garantiza no la defensa nacional, sino precisamente la incapacidad de responder a los desafíos que se nos presentan.
El apetito presupuestario de nuestras fuerzas armadas solo encuentra equivalencia en la negativa de los uniformados a replantear, bajo control civil y amplia participación social, el modelo de fuerza que continuamos teniendo en el país.
Los sectores progresistas problematizan no solo el tamaño de la tranquera, sino también su proceso de construcción. La intención es positiva: sumar a la necesidad de armamento la búsqueda del desarrollo económico e industrial nacional, a la generación de empleos especializados y a la superación de los cuellos de botella tecnológicos. Sin embargo, las buenas intenciones no resisten a los análisis empíricos.
Los gastos militares globales están en constante crecimiento desde 2010, y han superado sus propias marcas año tras año (SIPRI, 2025). La referencia de un 2% del Producto Interno Bruto para los gastos de defensa, parámetro prescrito por los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ya fue sobrepasado por muchas potencias europeas presionadas por la Guerra de Ucrania. Brasil está lejos del 2% y tampoco enfrenta amenazas regionales de gran magnitud. El país ya cuenta, con creces, con el mayor aparato militar y los gastos más elevados en comparación con sus vecinos en la región. De ese presupuesto, más del 70% está destinado a la categoría “personal y encargos sociales”, y menos de 10% está destinado a la adquisición e investigación en desarrollo de equipos.
Pero, si cambiamos esa distribución, ¿las inversiones dirigidas hacia el desarrollo de proyectos estratégicos de las Fuerzas Armadas repercutirán de forma positiva sobre el desarrollo industrial y el crecimiento económico del país? Ampliamente discutidas, las buenas intenciones no encuentran sustento en los datos. Según evidencias estadísticamente significativas, el gasto militar tiene un efecto positivo sobre el gasto en bienestar social en los países desarrollados, pero su efecto tiende a ser negativo en los países emergentes, donde amplía los niveles de dependencia. El keynesianismo militar funcionó en la economía estadounidense de la posguerra, pero no tuvo el mismo efecto en las economías de los países periféricos y estructuralmente dependientes. En resumen, no hay un nexo claro entre los gastos en defensa y el crecimiento económico.
Las mismas dudas se ciernen sobre la cuestión de la generación de empleos. Sin duda, la industria de defensa exige cualificación de mano de obra. Sin embargo, las estimaciones de la Base Industrial de Defensa no son contrastadas con las potencialidades de otros sectores intensivos en tecnología, como la biotecnología y la robótica. Aquí vuelve a ser válido el comentario realizado anteriormente; os efectos encontrados en economías del centro no se replican necesariamente en economías dependientes.
[…] el gasto militar tiene un efecto positivo sobre el gasto en bienestar social en los países desarrollados, pero su efecto tiende a ser negativo en los países emergentes, donde amplía los niveles de dependencia. El keynesianismo militar funcionó en la economía estadounidense de la posguerra, pero no tuvo el mismo efecto en las economías de los países periféricos y estructuralmente dependientes
Por último, tampoco hay solidez en cuanto al saldo positivo de acuerdos que impliquen transferencias tecnológicas de partes de equipos fabricados aquí. Si bien por un lado los acuerdos que incluyen el conocimiento del por qué y no solo del cómo representan avances, por otro lado son mucho más costosos y lentos, y no garantizan el control último sobre la totalidad del sistema. La lentitud del Programa FX-2 [destinado a equipar y modernizar la flota de aviones de combate supersónico de la Fuerza Aérea] y sus promesas aún no cumplidas son ejemplo de ello. En suma, estos proyectos no garantizan la soberanía, dado que ésta no reside en la tecnología, sino en la autonomía estratégica del país y en el compromiso activo de su pueblo.
No existe consenso sobre contra qué o quién debemos defendernos, qué necesitamos proteger y, mucho menos, cómo debemos hacerlo. Los fragmentos de respuestas quedan reunidos en torno a un abstracto “aumento de capacidades”. Pero aceptamos a priori la necesidad de recursos que, históricamente, se gastan en personal y cargas sociales de una burocracia estatal anacrónica, propensa a arrebatos autoritarios y hermética a la participación social.
Cualquier inversión en defensa que ocurra desvinculada de un proyecto político, pensado de forma amplia y democrática, está condenada al fracaso. Antes de discutir los montos, es necesario analizar las tendencias de la geopolítica contemporánea; acordar el papel que Brasil quiere desempeñar en ese contexto, para lo cual se requiere un proyecto de nación; identificar los límites internos e internacionales, estatales o no, a esa inserción autónoma; construir una política de defensa que respalde la proyección internacional del país y lo proteja frente a las presiones e intervenciones externas; elegir el diseño estratégico adecuado a las aspiraciones nacionales y, solo entonces, discutir los dispositivos y sistemas de armas pertinentes, el personal necesario para operarlos, y el financiamiento que requieren.
La defensa de la soberanía nacional por parte del gobierno de Lula es importante y necesaria frente al intervencionismo de Estados Unidos y frente al recrudecimiento de los conflictos globales. Pero es el punto de partida, no la línea de llegada.
Bibliografía
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Penido, A. y Carolino, O. (2020). Soberania popular em três tempos. Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, 2 de octubre. https://thetricontinental.org/pt-pt/nuestra-america/soberania-popular-em-tres-tempos/
Presidência da República do Brasil. (2025). Lei Complementar nº 221, de 18 de novembro de 2025. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp221.htm
Presidência da República do Brasil. (2026). Lei Complementar nº 235, de 27 de agosto de 2026. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp235.htm
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