Las elecciones brasileñas han adquirido una importancia creciente en el escenario internacional. Brasil constituye la décima mayor economía capitalista del mundo y, a pesar de la profundización de la desindustrialización y la financiarización, cuenta con más de 200 millones de habitantes y una población económicamente activa superior a 100 millones. Se encuentra entre los diez mayores mercados consumidores de automóviles, electrodomésticos y servicios de internet. Su relevancia económica y geopolítica también se relaciona con sus recursos estratégicos, como una de las mayores biodiversidades del planeta, la segunda mayor reserva de minerales críticos y uno de los mayores índices de digitalización de los servicios públicos entre los países de la OCDE (Carvalho, 2026).

Esta relevancia convive con profundas contradicciones sociales. A pesar de los esfuerzos del gobierno de Lula III por reconstruir las políticas públicas, cerca de dos tercios de la población económicamente activa reciben hasta dos salarios mínimos, aproximadamente 621 dólares, mientras que, en el Nordeste, casi el 60 % recibe hasta un salario mínimo, alrededor de 315 dólares (IBGE,2026). La informalidad se mantiene cercana al 40 % y cerca del 80 % de las familias posee algún tipo de deuda (CNC, 2025). Las elevadas tasas de interés reales y la expansión de las llamadas bets¹ agravan este cuadro. Persiste un significativo malestar social, a pesar de la mejora de la masa salarial, la seguridad alimentaria y la inflación de los alimentos. Desde nuestra perspectiva, sus raíces se relacionan con la ampliación de la superexplotación del trabajo en el marco del capitalismo dependiente.

El gobierno de Lula III se caracteriza por la constitución de un amplio frente contra el bolsonarismo. De naturaleza policlasista, esta coalición enfrenta dificultades para reeditar las políticas económicas y sociales de los anteriores gobiernos de Lula. La combinación entre crisis institucional y deterioro de la complejidad productiva impone al gobierno aquello que, en términos gramscianos, podemos caracterizar como un equilibrio catastrófico. Tres elementos restringen su capacidad de planificación y ejecución presupuestaria: un Congreso Nacional conservador, que controla una parte significativa de los recursos públicos mediante las llamadas “enmiendas parlamentarias”; la autonomía del Banco Central, aprobada durante el gobierno de Bolsonaro, que amplía el peso del capital financiero sobre las políticas monetaria y cambiaria; y el denominado “marco fiscal”, que establece límites a la inversión pública.

A estas contradicciones se suman crecientes presiones externas. La articulación entre sectores del bolsonarismo y el gobierno de Trump ha potenciado mecanismos de presión e intervención imperialista, expresados en el aumento de los aranceles comerciales, las sanciones dirigidas contra ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) y la utilización político-jurídica de la categoría de “narcoterrorismo”.

Este equilibrio catastrófico se inscribe en una crisis más profunda, vinculada al capitalismo dependiente brasileño y a la propia “Nueva República”. Hasta 2016, año del golpe jurídico-parlamentario contra Dilma Rousseff, el campo político institucional estaba hegemonizado principalmente por el PT y el PSDB, mediante diferentes combinaciones de social-liberalismo, neodesarrollismo y neoliberalismo. Tras el golpe y, sobre todo, a partir de los desarrollos políticos de la Operación Lava Jato, observamos el surgimiento y la masificación de una “nueva derecha”, encabezada por un núcleo neofascista y organizada en torno a la radicalización neoliberal y la llamada “guerra cultural”. En nuestras investigaciones, sostenemos que la ideología anticorrupción constituye un elemento central de articulación entre estas distintas vertientes.

Este fenómeno se desarrolla en el marco de una crisis orgánica del capitalismo y del imperialismo que, con las debidas mediaciones históricas, intensifica la ofensiva sobre América Latina. En términos de Gramsci (2012), esta crisis implica el distanciamiento entre gobernantes y gobernados, el interregno en el que proyectos antagónicos encuentran dificultades para consolidar una nueva hegemonía y la consiguiente inestabilidad política.

En Brasil, sostenemos que el lavajatismo constituye una expresión particular de la internalización de la ideología anticorrupción. Orgánica a la articulación entre fracciones de las clases dominantes locales y el imperialismo contemporáneo, esta ideología cumple una doble función: contribuye a la masificación política y a la disputa por la dirección moral y política de la sociedad, ampliando la base social y electoral del bolsonarismo; y resulta funcional a la ampliación de los mecanismos de presión e intervención continua del imperialismo estadounidense sobre Brasil.

Imperialismo legal, anticorrupcionismo y lawfare en el contexto brasileño

En 2024, con motivo de los diez años de la Operación Lava Jato, sostuvimos que, a pesar de su cierre formal y de la elección de Lula da Silva para un tercer mandato, persistían dos de sus principales legados: la radicalización fiscalista del debate económico y el lavajatismo como expresión ideocultural y política en Brasil (Fernandes, 2024).

El primero, que no profundizaremos en este artículo, se refiere al vínculo entre el “combate a la corrupción”, la “transparencia” y la “buena gestión” y el gerencialismo neoliberal, así como a la búsqueda de la “eficiencia” en la administración y las cuentas públicas, convirtiendo el “debate fiscal” en el gran desafío moral y político de la economía brasileña.

El lavajatismo, por su parte, permanece como un frente de masas que, en nombre del “combate a la corrupción”, articula a neofascistas, ultraliberales, conservadores cristianos, derechistas clásicos, antipetistas e “independientes”, con fuerte presencia en el Parlamento, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, las iglesias, los medios de comunicación y las redes sociales.

En el contexto de la crisis orgánica del capitalismo y de la ofensiva imperialista, el lavajatismo manifiesta una tensión entre dos dimensiones distintas, pero articuladas y que se retroalimentan. Por un lado, se presenta como “paladín moral de la anticorrupción”. Al convertir la corrupción en el gran problema nacional, tiende a presentar la polarización entre Lula (PT) y el bolsonarismo como una disputa entre equivalentes, desplazando al terreno moral y jurídico contradicciones económicas, sociales y políticas más profundas. Esta formulación encuentra organicidad en fracciones y representaciones de las clases dominantes locales, articulando grandes conglomerados de medios, *think tanks*, ONG y organizaciones empresariales. Su función es producir y difundir una interpretación de la crisis brasileña que asocia corrupción, ineficiencia estatal, crisis fiscal y necesidad de reformas neoliberales².

Por otro lado, determinadas expresiones del lavajatismo buscan autonomizarse de los acuerdos, las tácticas y los proyectos inmediatos de las clases dominantes locales. Esta relativa autonomía se expresa en una perspectiva antipolítica y antidemocrática, con pretensiones bonapartistas, en la que el combate selectivo contra la corrupción se articula con sentimientos antipetistas, antizquierdistas y anticomunistas. La nueva extrema derecha constituye su principal fuerza dirigente y reúne a exintegrantes de la Operación Lava Jato, sectores del bolsonarismo, el Movimento Brasil Livre (MBL), organizaciones empresariales no tradicionales y productores de contenido político en las redes sociales. Su base social está compuesta por sectores medios urbanos, medianos y grandes productores del agronegocio y fracciones de la clase trabajadora resentidas con sus condiciones de vida, especialmente entre los hombres. Aunque pueda entrar en tensión con sectores de las clases dominantes, esta dimensión radicalizada permanece inscrita en las contradicciones del capitalismo dependiente y reproduce, bajo nuevas formas, la ideología anticorrupcionista.

Este fenómeno se desarrolla en el marco de una crisis orgánica del capitalismo y del imperialismo que, con las debidas mediaciones históricas, intensifica la ofensiva sobre América Latina. En términos de Gramsci (2012), la crisis orgánica expresa el distanciamiento entre gobernantes y gobernados y la dificultad de una clase o proyecto político para mantener su capacidad de dirección, dando lugar a un interregno en el que proyectos antagónicos encuentran dificultades para consolidar una nueva hegemonía.

La inestabilidad política resultante abre espacio para disputas por la dirección moral y política de la sociedad. En Brasil, sostenemos que el lavajatismo constituye una expresión particular de la internalización de la ideología anticorrupción, orgánica a la articulación entre fracciones de las clases dominantes locales y el imperialismo contemporáneo. Esta ideología desempeña una doble función: contribuye a la masificación política y a la ampliación de la base social y electoral del bolsonarismo; y resulta funcional a los mecanismos de presión e intervención continua del imperialismo estadounidense sobre Brasil.

Esta unidad entre contrarios retroalimenta el lavajatismo, cuya base económica y social reside en la crisis orgánica del capitalismo dependiente brasileño y en la ofensiva imperialista. Cabe, por tanto, comprender su funcionalidad frente al imperialismo y a las prácticas de lawfare en el contexto brasileño.

El lawfare, especialmente en Brasil, ha sido objeto de amplios debates en los ámbitos académico y político. Sin embargo, estos debates no siempre están acompañados de suficiente precisión y rigor teórico. La confusión y el eclecticismo conceptuales pueden derivar en equívocos políticos e incluso jurídicos. Ante la polisemia atribuida al término, su reducción a una definición genérica, como el “uso estratégico del derecho para destruir, deslegitimar o perseguir oponentes”, tiende a oscurecer las determinaciones históricas y políticas que configuran sus manifestaciones contemporáneas³.

Se trata, desde nuestra perspectiva, de una forma contemporánea de intervención imperialista. Si en el siglo XX los golpes cívico-militares constituyeron un importante instrumento de ruptura del orden político, en el siglo XXI el uso estratégico del derecho adquiere una importancia creciente. Nos aproximamos, en este sentido, a Romano (2020), para quien el lawfare trasciende el uso del derecho como instrumento de persecución política y constituye una estrategia de guerra no convencional que naturaliza un “sistema internacional asimétrico” y amplía la libertad de acción de los mercados (Fernandes, 2025).

Desde nuestra perspectiva, las prácticas de lawfare derivan de la internalización, en el ámbito jurídico-político, de las relaciones contemporáneas de dependencia e imperialistas. En diálogo con Pachukanis, la forma jurídica se universaliza en el capitalismo bajo la apariencia de igualdad y libertad, ocultando relaciones entre desiguales en los intercambios mercantiles. En el capitalismo dependiente, sin embargo, esta forma jurídica se expresa en un proceso contradictorio y continuo entre el derecho y el derecho del antiderecho.

Esto significa que, ante la internalización de la dependencia económica, la generalización de elevadas tasas de explotación y superexplotación del trabajo, la violencia como potencia económica y una de las principales mediaciones sociales, y el racismo estructural, la universalidad de la igualdad formal entre sujetos de derecho existe, en el Sur Global, como unidad entre contrarios. En esta unidad se articulan mecanismos jurídicos y políticos que, bajo diferentes formas, eluden la propia igualdad formal y aparente afirmada por el derecho.

En el lawfare, bajo la apariencia de un rito jurídico neutral, se eluden garantías y procedimientos del “Estado democrático de derecho”, como la presunción de inocencia, para llevar a cabo estrategias funcionales al imperialismo. Esta funcionalidad opera en dos niveles: en el plano inmediato, se manifiesta en el aniquilamiento de enemigos o adversarios políticos, económicos y geopolíticos; en el estratégico, produce fisuras e inestabilidades en los aparatos estatales dependientes, reduciendo su capacidad para ejercer soberanía en el sistema interestatal.

Proponemos, por tanto, que el imperialismo legal constituya una categoría mediadora entre la juridicidad internacional y las formas de expresión de la forma jurídica en las formaciones sociales dependientes. Esta categoría articula las determinaciones externas de la dominación imperialista con los procesos internos de producción, reproducción y subjetivación jurídica. En el imperialismo contemporáneo, legislaciones extraterritoriales, racionalidades jurídicas, patrones institucionales y mecanismos de cooperación internacional integran la internalización de las relaciones imperialistas en las formaciones sociales dependientes.

Las Elecciones Brasileñas Bajo Intervención

A comienzos de septiembre de 2026, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizó visitas a América del Sur para reforzar alianzas en el denominado “combate al narcoterrorismo”, establecer acuerdos sobre minerales críticos y otros recursos estratégicos y limitar la presencia comercial china en el continente. Los gobiernos de extrema derecha de Colombia, Ecuador y Perú recibieron al funcionario estadounidense.

El 16 de septiembre de 2026, el gobierno de Estados Unidos difundió la nota “Presidential Determination on Major Drug Transit or Major Illicit Drug Producing Countries for Fiscal Year 2027”. Mientras elogia las acciones de países latinoamericanos gobernados por la extrema derecha en el combate al “narcoterrorismo”, el documento critica la “incapacidad e ineficiencia” del gobierno brasileño en este ámbito.

En mayo de 2026, el gobierno de Trump había clasificado al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) y Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO). En julio, con base en la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense, impuso nuevos aranceles a productos brasileños.

Ambas medidas jurídico-políticas, dotadas de alcance extraterritorial, no fueron creadas por el gobierno de Trump. Se trata de mecanismos construidos a lo largo de décadas e incorporados al aparato institucional de intervención externa de Estados Unidos. En el caso de la Sección 301, las reclamaciones presentadas por Estados Unidos en relación con Brasil articulan cuestiones comerciales, ambientales, de propiedad intelectual y de derechos humanos, revelando la amplitud de los instrumentos extraterritoriales movilizados⁴.

Esta combinación refuerza nuestra hipótesis de que el trumpismo articula continuidades y rupturas en relación con las llamadas “reglas de la comunidad internacional”. Mediante un uso más agresivo de mecanismos jurídicos y económicos existentes, profundiza instrumentos permanentes de intervención imperialista y amplía su utilización como mecanismo de presión política.

Las sanciones constituyen un importante mecanismo coercitivo del imperialismo legal. Tras sancionar al ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, el gobierno estadounidense comenzó a amenazar con nuevas sanciones contra autoridades brasileñas.

Estas medidas ejemplifican una estrategia de presión y cerco permanente, pero también de prueba de las capacidades de resistencia institucional y política del Estado y de la sociedad brasileña. Dado que las relaciones imperialistas y de dependencia se internalizan en los ámbitos político, jurídico, ideológico y económico, la intervención no se reduce a medidas externas o excepcionales, sino que articula continuamente mecanismos internacionales y dinámicas internas.

De este modo, la intervención externa encuentra formas de articulación y cooperación estratégica con fracciones de la burguesía, sectores del Estado y, más abiertamente, grupos políticos, sobre todo de la extrema derecha. Ante una estrategia neocolonial más abierta en América Latina, el trumpismo necesita, en Brasil, grupos capaces de desarrollar una relativa autonomía frente a la dinámica inmediata de las clases dominantes locales.

Por tratarse de una gran economía capitalista, aunque dependiente, Brasil posee una burguesía internacionalizada. A pesar de la desindustrialización precoz, sectores del agronegocio, la minería, las manufacturas de menor complejidad y el sistema financiero presentan una elevada inserción en los mercados globales. Joesley Batista, dirigente del mayor grupo mundial de procesamiento de proteína animal, mantiene relaciones con los gobiernos de Estados Unidos y China. André Esteves, dirigente de BTG Pactual, se reunió con Donald Trump en mayo de 2026 y mantiene negocios de larga data en China. Estos casos ilustran lo que Bambirra caracterizó como “clases dominantes dominadas”.

Aunque subordinada y dependiente, la clase dominante brasileña posee contradicciones propias y necesita resistir, negociar y disputar con el gran capital imperialista los términos concretos de la dependencia.

La estrategia “Donroe” del gobierno de Trump, al limitar los márgenes de negociación y autonomía comercial de las burguesías dependientes, tiende a impulsar formas más abiertas de intervención, generando presiones, inestabilidades institucionales y agendas políticas que viabilicen estos procesos. Entre ellas, destacan la seguridad pública, movilizada mediante la categoría de “narcoterrorismo”, y el anticorrupcionismo.

La disputa electoral no constituye una dimensión separada de estas relaciones, sino un terreno privilegiado para su manifestación, en el que instrumentos económicos, jurídicos e ideológicos pueden incidir sobre la agenda política, los resultados electorales y las condiciones de competencia entre sujetos y grupos políticos.

Desde 2023, a partir del gobierno Lula, se desencadenaron diversas operaciones que involucran fraudes financieros y posibles vínculos entre el sistema financiero brasileño y el crimen organizado. El caso del Banco Master fue el más reciente y mediático.

La operación fraudulenta del Banco Master articuló diferentes dimensiones: fuertes sospechas de asociación con capitales y activos financieros vinculados al crimen organizado; conocimiento y articulación con el funcionamiento del sistema financiero; simbiosis con los poderes del Estado, mediante la construcción de alianzas con sus agentes; y el intento de construir brazos mediáticos y armados para enfrentar a competidores y enemigos⁵.

Inicialmente, este caso tenía como relator, en el Supremo Tribunal Federal (STF), al ministro Dias Toffoli. Toffoli se ha caracterizado por una gran volatilidad jurídica, política e ideológica. Toffoli mantenía relaciones y negocios con Vorcaro y, tras una fuerte presión política y mediática, se declaró impedido para relatar el caso.

En su lugar, por sorteo, asumió el ministro André Mendonça. Designado por Bolsonaro, Mendonça mantiene estrechos vínculos con la extrema derecha evangélica. Tras realizar gran parte de su formación académica en Estados Unidos, mantiene vínculos con la Alliance Defending Freedom (ADF), alianza cristiana conservadora que actúa en defensa de los valores cristianos y en oposición al feminismo, al aborto y a los derechos de la población LGBTQI+. Asimismo, Mendonça mantiene estrechos vínculos con el Acton Institute, think tank relacionado con la denominada New Right en Estados Unidos.

Desde entonces, siguiendo métodos similares a los de la Operación Lava Jato, parte de las investigaciones comenzó a filtrarse selectivamente a los grandes medios de comunicación. Mendonça “heredó” de Toffoli casos relacionados con corrupción en el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) y con los desdoblamientos de la Operación Carbono Oculto.

Las investigaciones señalaban relaciones entre el sistema político, el bolsonarismo y el mercado financiero. Tras la divulgación de mensajes de Flávio Bolsonaro en los que recibía, presuntamente, alrededor de 12,3 millones de dólares para apoyar la película biográfica sobre su padre, “Darkhorse”, dirigida por Mendonça, los escándalos comenzaron a orientarse selectivamente contra la candidatura de Lula y el ministro Alexandre de Moraes.

Moraes fue relator del juicio que condenó a Jair Bolsonaro, a exintegrantes de su gobierno y a miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas por intento de golpe de Estado. Mantiene vínculos históricos con la derecha tradicional (PSDB), habiendo sido ministro y posteriormente designado para el STF por Michel Temer, tras el golpe jurídico-parlamentario de 2016.

Existen indicios de que el despacho de la esposa de Moraes mantenía un contrato de millones de dólares con Daniel Vorcaro, del Banco Master⁶. Aunque las investigaciones señalan vínculos de otros ministros del STF con el exbanquero, el foco de Mendonça, asociado a las filtraciones a los grandes medios, se concentra en Moraes. También existen indicios de que el Instituto Iter, ONG vinculada a Mendonça, recibió cerca de 1 millón de dólares en donaciones del Banco Master.

En lo que respecta directamente a la candidatura de Lula, las filtraciones se concentran en una supuesta relación entre su hijo, Fábio Luís Lula da Silva, su exasesor, Marco Aurélio Ribeiro, y el senador del PT Jaques Wagner con lobistas, además de la recepción de valores, privilegios y préstamos del Banco Master, en el caso de Wagner.

En la principal entrevista presidencial del primer turno, realizada por TV Globo, casi el 70 % del tiempo de las entrevistas de Lula y Flávio Bolsonaro, 55 de los 80 minutos, estuvo dominado por el tema de la corrupción. Según una encuesta de Quaest, la seguridad (31%) y la corrupción (22 %) eran los asuntos que más preocupaban a los electores, siendo la corrupción también el tema que más había crecido en septiembre.

Si la Operación Lava Jato combinó información obtenida mediante colaboraciones formales e informales con agencias estadounidenses, filtraciones, apoyo de los grandes conglomerados de medios y manifestaciones callejeras impulsadas por la extrema derecha, la actual ofensiva lavajatista no constituye una mera repetición de aquel proceso. Mientras la anterior estuvo orientada a la destitución de la presidenta electa y a la criminalización de Lula, la actual opera en dos frentes articulados: sectores de las clases dominantes impulsan la agenda anticorrupción para desgastar a Lula y presionar por nuevas concesiones, sobre todo económicas; simultáneamente, esta ofensiva alimenta las ambiciones de la extrema derecha de implosionar y fracturar el aparato estatal.

Las recientes investigaciones y escándalos de corrupción, en gran medida impulsados por la Policía Federal durante el gobierno de Lula, revelan el deterioro de las relaciones entre el Estado capitalista, el sistema político y el mercado financiero. Después de 2016, el predominio de las fracciones financieras y del agronegocio, asociado a la radicalización neoliberal y al avance de la extrema derecha, impulsó los negocios del crimen organizado como base económica para el apalancamiento financiero, la acumulación y la realización de capitales en Brasil.

En el caso brasileño, nos parece que, a pesar de la abierta vocación intervencionista del trumpismo, la estrategia de presión y cerco se combina con la articulación de relaciones, redes y bases internas de apoyo al imperialismo estadounidense, con el objetivo de fracturar la estructura política e institucional y debilitar posibles resistencias.

Las contradicciones del intervencionismo: límites y resistencias

Incluso en ámbitos progresistas, sobre todo hegemonizados por el liberalismo, se difunden interpretaciones derrotistas y catastrofistas de la actual coyuntura de la lucha de clases, en las que la izquierda aparece reducida a la gestión del mal menor y los avances de la extrema derecha como una tendencia histórica irreversible. Las experiencias latinoamericanas recientes permiten problematizar esta lectura.

Como observa García Linera (2026), las ofensivas y victorias coyunturales de las extremas derechas latinoamericanas pueden tener un carácter de corto plazo. Su asociación con proyectos neocoloniales articulados al imperialismo estadounidense limita su capacidad para enfrentar las contradicciones económicas y sociales que alimentan su ascenso. Aunque movilizan discursos antisistema y guerras culturales, dependen de sectores de las clases dominantes locales y de políticos tradicionales y, en determinadas formaciones sociales, establecen relaciones con circuitos vinculados al crimen organizado. Estas condiciones también generan conflictos, rechazos y resistencias.

En Brasil, la intervención sobre la disputa electoral no puede comprenderse únicamente a partir de la acción externa, sino mediante las mediaciones internas a través de las cuales operan las presiones económicas, jurídicas y políticas. La formación del Estado en una sociedad capitalista dependiente y de territorio continental produjo capacidades específicas de mediación, cooptación, contención y represión de las luchas populares. La tradición diplomática también desarrolló mecanismos de negociación de las condiciones de inserción en el sistema interestatal y en el mercado mundial. Estas características no anulan la dependencia, pero condicionan sus formas de manifestación.

Es en este terreno donde se sitúa el lulismo. Si su trayectoria estuvo asociada a la articulación de intereses entre diferentes clases sociales, combinando social-liberalismo y neodesarrollismo, la coyuntura actual expresa un equilibrio catastrófico, en el que la preservación de la Nueva República se produce bajo una fuerte tensión de sus bases políticas y económicas. El lulismo posee, así, una naturaleza contradictoria: es conservador al permanecer inscrito en los límites del orden político y económico del capitalismo dependiente, pero progresista en cuanto fuerza política capaz de contener el avance continental de la extrema derecha.

Las elecciones constituyen, por tanto, una etapa decisiva, aunque no aislada, de la disputa política. La intervención imperialista puede incidir sobre la agenda política, las condiciones de competencia y los propios sujetos y grupos políticos, articulando instrumentos económicos, jurídicos, ideológicos y tecnológicos en formas de presión que trascienden el momento electoral.

Es en este punto donde la categoría de imperialismo legal adquiere centralidad. Constituye una categoría de mediación entre las determinaciones del sistema imperialista y la producción y reproducción de las relaciones jurídicas y políticas en dichas formaciones. Desde esta perspectiva, el lawfare constituye una práctica histórica y concreta que puede derivar de estas relaciones, articulada con mecanismos de cooperación jurídica internacional, racionalidades jurídicas, instrumentos extraterritoriales, patrones institucionales y aparatos privados de hegemonía. Las experiencias de Colombia, Ecuador, Argentina y Venezuela permiten identificar diferentes configuraciones de estas intervenciones, incluida la articulación entre lawfare y guerra cibernética, sin presuponer su reproducción mecánica.

Investigar las relaciones entre imperialismo legal, lawfare y disputa electoral constituye, por tanto, una cuestión teórica y política para comprender las formas contemporáneas de intervención imperialista en América Latina. También supone actualizar proyectos democráticos y populares capaces de enfrentar a la extrema derecha y las determinaciones estructurales de la dependencia y de la restricción de la soberanía popular.

Bibliografía

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Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo [CNC] (13 de enero de 2026). Brasileiro encerra 2025 mais endividado do que em 2024. Portal do Comércio. https://portaldocomercio.org.br/acoes-institucionais/brasileiro-encerra-2025-mais-endividado-do-que-em-2024/

Costa, Flávio VM y Maciel, Alice (9 de marzo de 2026). Exclusivo: Fundo que comprou Banco Master para Vorcaro teria usado dinheiro de narcotraficante espanhol. ICL Notícias. https://iclnoticias.com.br/exclusivo-narcotraficante-fundo-banco-master-vorcaro/

Fernandes, Luís Eduardo (2024). A internacional da Lava Jato: imperialismo, nova direita e combate à corrupção como farsa. São Paulo: Autonomia Literária.

Fernandes, Luís Eduardo (2025). LAWFARE e o imperialismo legal. Revista Eletrônica da OAB-RJ, (191). https://revistaeletronicaoabrj.emnuvens.com.br/revista/article/view/191

García Linera, Álvaro (2026). El proyecto cortoplacista de las derechas latinoamericanas. Ant/agón. https://www.antagon.red/articulo/america-latina/proyecto-cortoplacista-derechas-latinoamericanas/20260912182437001361.html

Gramsci, Antonio (2012). Cadernos do cárcere (Vol. 3). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE] (14 de agosto de 2026). PNAD Contínua: desocupação cai em 13 das 27 UFs no 2º trimestre de 2026. IBGE. https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html

Romano, Silvina (2020). Lawfare y neoliberalismo en América Latina: una aproximación. Sudamérica: Revista de Ciencias Sociales, (13), 14-40. https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/sudamerica/article/view/4662

Notas

1 Apuestas desportivas en línea.

2Cabe subrayar la capacidad pedagógica y de influencia de estos aparatos privados de hegemonía sobre sectores del campo popular y “progresista”. En diferentes coyunturas, organizaciones y figuras públicas vinculadas a las izquierdas terminan sosteniendo posiciones que convergen con aquellas difundidas por el lavajatismo.

3Incluso la defensa de Jair Bolsonaro, durante el juicio que determinó su condena, entre otros delitos, por intento de golpe de Estado, sostuvo que el expresidente era víctima de lawfare por parte de ministros del STF. Esto no significa negar la existencia de fenómenos, particularmente en América Latina, en los que el uso del derecho, articulado a la apariencia de legalidad, potencia procesos de ruptura política y profundiza las relaciones contemporáneas de dependencia.

4 Un documento reciente, divulgado por la prensa brasileña, presenta más de 50 exigencias del gobierno de Trump para retirar el aumento de los aranceles a los productos brasileños. Entre ellas, se encuentra la autorización para que “disidentes políticos” puedan concurrir a las elecciones de 2026.

5 Según documentos a los que tuvo acceso ICL Notícias, la asociación entre Vorcaro y el narcotraficante español Oliver Ortiz de Zarate Martin fue fundamental para la adquisición del antiguo Banco Máxima, rebautizado como Master en 2021. Según el reportaje, la relación entre Martin y Vorcaro se estableció a través del operador Benjamim Botelho de Almeida, vinculado a la corredora Sefer Investimento. A su vez, Sefer administraba fondos del Grupo Aquilla, gestionado por Botelho y con inversiones de Martin, quien participó, en 2017, en la adquisición del Banco Máxima. Otro elemento que refuerza esta hipótesis, también divulgado por la investigación de la Policía Federal, fue la relación entre Banco Master y Reag Investimentos. Ambos mantenían una estrecha y fraudulenta relación de “ciranda financiera”, mediante la cual Reag gestionaba fondos que recibían aportes sospechosos de Master, involucrando el uso de empresas fachada y la valorización artificial de activos, como los precatorios, para inflar los balances. Comunicaciones bancarias enviadas al Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf) señalan que el Fondo de Inversión en Derechos Crediticios (FIDC) Gold Style, administrado por Reag, recibió R$ 1.000 millones de empresas señaladas por la Policía Federal como parte del esquema de lavado de dinero del Primeiro Comando da Capital (PCC) en el mercado financiero.

6 En su defensa, Moraes acusa a Mendonça de haber intervenido y manipulado conversaciones mantenidas con Vorcaro a través de una aplicación de mensajería, con la colaboración de organismos de inteligencia extranjeros.